La sucesión es un proceso legal que rige la transferencia de bienes de una persona fallecida a sus herederos. Así, cuando alguien fallece sin dejar un testamento, el Código Civil establece reglas específicas para la distribución de los bienes entre los herederos legales. Un elemento crucial en este proceso es el «derecho de acrecer,» regulado en el Artículo 982 del Código Civil. Este es el derecho que se desprende cuando una de los herederos no quiere o no puede aceptar la herencia, lo que repercute en que el resto de herederos aumenta su porcentaje de herencia.

Este caso sucede cuando el testador no indica claramente en la herencia el porcentaje que cada heredero recibirá de esta. De esta manera, el Artículo 982 del Código Civil, establece que, en casos de sucesión sin testamento, los herederos legales tienen derecho a «acrecer» o recibir la parte de la herencia que correspondería a otro heredero llamado que no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.

Este derecho de acrecer es fundamental para garantizar una distribución justa de los bienes en una sucesión sin testamento. Sin él, los bienes podrían quedar sin dueño o ser adjudicados de manera desigual entre los herederos legales.

¿Cuándo se puede aplicar?

Cuando uno o varios herederos renuncian a la herencia, los demás tienen derecho a acrecer. Esto significa que los herederos renunciantes no recibirán su parte, y sus partes se distribuirán entre los herederos que acepten la herencia.

Además, si un heredero llamado en el testamento es incapaz de heredar (por ejemplo, si ha fallecido antes del causante o es una entidad jurídica que ha dejado de existir), los demás herederos tienen derecho a acrecer y recibir su parte proporcional.

¿Qué importancia juega a la hora de repartir una herencia?

El derecho de acrecer juega un papel crucial en la sucesión sin testamento al asegurar que los bienes del fallecido se distribuyan de manera justa y de acuerdo con la ley. Además, este mecanismo legal evita que terceros ajenos se beneficien de la falta de testamento, garantizando que los herederos legales tengan prioridad en la recepción de los activos heredados.