En España, ante una herencia con un menor de edad, su gestión y administración están sujetas a normas específicas para garantizar su protección. El Código Civil regula estos aspectos, estableciendo salvaguardias y limitaciones con el fin de proteger los intereses del menor.

El rol del tutor legal

El Código Civil español, en su artículo 162, establece que los padres, como representantes legales de sus hijos menores, administran sus bienes. Sin embargo, si el menor hereda bienes de un tercero, como un abuelo, pueden designarse personas externas o familiares como tutores legales o administradores. Según el artículo 164, los padres no pueden disponer de estos bienes sin la previa autorización judicial, especialmente en casos de venta o enajenación de propiedades.

En ausencia de ambos padres, el menor quedaría bajo la tutela de un tutor designado, quien debe actuar en su beneficio, evitando cualquier conflicto de intereses. En este sentido, el artículo 216 del Código Civil establece que el tutor tiene la obligación de velar por los bienes y administrarlos “como un buen padre de familia”, lo que implica tomar decisiones prudentes y siempre en favor del menor.

Limitaciones y control judicial

La legislación española impone controles específicos sobre la administración de bienes de menores, a fin de evitar abusos o decisiones que perjudiquen su patrimonio. El artículo 271 del Código Civil exige autorización judicial para actos como la venta de inmuebles, la renuncia de derechos y otros actos que puedan comprometer el patrimonio del menor. Este control judicial tiene como objetivo asegurar que el patrimonio heredado sea preservado hasta que el menor cumpla la mayoría de edad y pueda tomar decisiones por sí mismo.

Protección del patrimonio hasta la mayoría de edad

El patrimonio heredado queda protegido hasta que el menor cumpla 18 años. Cumplida la mayoría de edad, el joven puede disponer libremente de los bienes heredados, tal y como estipula el artículo 323 del Código Civil. Sin embargo, mientras tanto, cualquier acto que implique una disposición o gestión significativa de estos bienes debe contar con el respaldo judicial, asegurando así la integridad de la herencia.