Nombrar una herencia es, en demasiadas ocasiones, nombrar la fuente de conflictos familiares. La repartición de una herencia conlleva en demasiadas ocasiones discusiones en el seno familiar. Aunque en España existe un marco legal específico y claro para estas gestiones, las tensiones que una herencia puede causar en amigos y familia hacen que, pese a ello, sea fácil que aparezcan las fricciones. Como siempre os aconsejamos en estos casos, lo mejor es dejarse asesora por un despacho de abogados especializado, como es el caso de Legadosi3, que pueda guiarnos en este proceso. 

El Código Civil español establece las normas generales relacionadas con la sucesión y la herencia. No obstante, cuando se presenta un conflicto entre los herederos, la Ley de Enjuiciamiento Civil también se convierte en una herramienta legal relevante. Esta legislación contempla los procedimientos judiciales para resolver disputas sucesorias, y su aplicación dependerá de la naturaleza específica del conflicto.

El testamento, como documento central en la planificación sucesoria, puede ser la principal fuente de tensiones. Si los herederos perciben que el testamento no refleja equitativamente las intenciones del fallecido o si existen sospechas de influencias indebidas, pueden surgir desacuerdos. En este contexto, el artículo 675 del Código Civil español establece que los herederos tienen el derecho de impugnar el testamento por motivos como la falta de capacidad del testador o la presencia de vicios en el consentimiento.

Además, la designación de un albacea puede ser un factor clave en la gestión de la herencia. El albacea es responsable de administrar y distribuir los bienes de acuerdo con las disposiciones testamentarias. Por otra parte, la comunicación efectiva entre los herederos es esencial para prevenir y resolver conflictos. A pesar de la carga emocional, buscar vías de diálogo puede ser beneficioso. Si los herederos no pueden llegar a un acuerdo, la mediación se presenta como una opción alternativa antes de recurrir a procedimientos judiciales. Para ello, la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles en España establece el marco legal para este proceso.